¿La lealtad a Cristina se mide por estar en San José 1111?

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La discusión dentro del peronismo bonaerense volvió a subir de temperatura tras las declaraciones de Carlos Bianco, jefe de Gabinete de Axel Kicillof, sobre un eventual pronunciamiento de Naciones Unidas por la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. La respuesta de dirigentes de La Cámpora reavivó una interna en la que las diferencias políticas empiezan a confundirse con acusaciones de deslealtad. Pero detrás de ese cruce hay una disputa más profunda: quién conduce, quién puede construir un camino propio y quién decide los límites de pertenencia dentro del movimiento.

Bianco sostuvo que un pronunciamiento internacional no sería vinculante para la Justicia argentina. Desde el cristinismo llegaron cuestionamientos y sospechas sobre las conveniencias políticas detrás de determinadas posiciones. Sin embargo, atribuirle a Kicillof un interés en que Cristina continúe presa es una acusación política, no una intención demostrada. Lo que sí queda expuesto es la desconfianza entre sectores que necesitan convivir dentro de un mismo espacio.

Y entonces aparece una pregunta central: ¿la lealtad a Cristina se demuestra concurriendo a San José 1111 o también defendiendo las políticas que representó durante sus gobiernos? Acompañarla públicamente puede ser una muestra de respaldo, pero no es la única manera de reconocer su trayectoria. Reivindicar su proyecto tampoco obliga a coincidir con cada decisión de su espacio ni a renunciar a construir un liderazgo propio.

Cristina no es solamente una etapa de la historia política argentina. Sigue siendo una figura activa, con identidad, ideas y representación dentro del peronismo. Su lugar no pertenece en exclusividad a una organización. Por eso, cuando cada diferencia se transforma en una acusación de deslealtad, cabe preguntarse si se está defendiendo un proyecto colectivo o disputando quién administra su representación y los espacios de poder que se construyen a su alrededor.

La situación judicial de la expresidenta es central, pero un eventual pronunciamiento de Naciones Unidas no equivale automáticamente a una habilitación electoral. Distinguir los alcances jurídicos de esa posibilidad no significa abandonar a Cristina: significa no confundir una discusión legal con la disputa política que se desarrolla dentro del peronismo.

También hay una contradicción que merece ser examinada. Mientras se cuestiona a Kicillof por construir una identidad política propia, los distintos sectores continúan trabajando en sus armados y defendiendo sus espacios. La construcción política de La Cámpora no se detuvo por la situación judicial de Cristina. Entonces, ¿por qué la autonomía de un gobernador debería interpretarse necesariamente como una deslealtad? ¿El bastón de mariscal que Cristina alguna vez pidió tomar a los dirigentes vale para todos o solo para algunos?

La discusión conduce directamente a 2027. ¿Puede el peronismo recuperar el gobierno nacional con una estrategia centrada exclusivamente en la consigna «Cristina Libre»? La defensa de Cristina puede ser una bandera fundamental, pero una campaña nacional también necesita propuestas sobre trabajo, salarios, producción, educación y salud. Una consigna expresa una reivindicación, pero no reemplaza un programa de gobierno ni resuelve quién debe conducirlo.

Porque la pregunta no es si Cristina importa. La pregunta es si todo el futuro del peronismo debe quedar atado a una sola bandera y si la lealtad puede convertirse en una frontera para decidir quién tiene derecho a construir poder dentro del propio movimiento.

La lealtad también merece ser discutida. Y el peronismo tiene por delante un desafío que ninguna acusación interna puede resolver: definir cómo pretende volver a gobernar la Argentina y quiénes están dispuestos a construir ese camino.