En CABA: “La barba hasta a Cristo se la han afeitado…”

El Monasterio e Iglesia de Santa Catalina de Siena, erguido en la intersección de San Martín y Viamonte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es simplemente un conjunto de ladrillos coloniales que resiste el avance de la modernidad. Es un testigo vivo, un documento en tres dimensiones de la génesis de nuestra Patria.

Inaugurado en 1745 como el primer monasterio para mujeres de la ciudad, sus muros de adobe, cal y ladrillo resguardan hitos fundamentales de nuestra identidad. Allí se vivió el bautismo de fuego del Regimiento de Patricios y sus claustros se transformaron en hospital de campaña durante las Invasiones Inglesas de 1807, albergando el dolor y el heroísmo de quienes defendieron el suelo nativo. Su valor espiritual, histórico y arquitectónico es, por lo tanto, incalculable.

Hoy, sin embargo, ese testimonio histórico sufre una herida profunda que ha obligado a su clausura preventiva, trasladando la liturgia al atrio exterior debido al riesgo de desprendimientos. Santa Catalina agoniza en silencio, víctima de una doble pinza que combina la falta de previsión en la obra pública, la presión de la especulación inmobiliaria y la alarmante inacción de los mecanismos estatales de control.

Las grietas del progreso desmedido.

El daño actual sobre la estructura del monasterio se manifiesta en graves fisuras y grietas en sus techos abovedados. Esta preocupante situación encuentra su origen inmediato en las obras de peatonalización y adoquinado linderas, impulsadas por el Gobierno de la Ciudad. El uso de maquinaria pesada y vibraciones mecánicas sobre calles diseñadas originalmente para el tránsito peatonal o de carretas decimonónicas impactó directamente sobre cimientos que rozan los tres siglos de antigüedad. El patrimonio colonial requiere de una manipulación quirúrgica, no de la fuerza bruta de la obra vial urbana.

A esta preocupante realidad se suma una amenaza latente en su lote adyacente: el avance de un proyecto para construir una mole de cemento de 36.5 metros de altura con dos subsuelos de estacionamientos. Más allá del evidente riesgo arqueológico en los suelos y del peligro que implican las excavaciones profundas para los muros vecinos, existe un factor ambiental biológico: el adobe colonial necesita el sol. Privar al monasterio de la luz solar directa interrumpe el ciclo natural que permite evaporar la humedad ascendente, lo que aceleraría la degradación irreversible de sus materiales originales.

La alarmante grieta de los organismos de control

Esta crisis estructural expone una preocupante contradicción institucional: la desconexión total entre los dictámenes técnicos de preservación patrimonial y las decisiones políticas o judiciales.

La advertencia técnica ignorada: La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos emitió un dictamen categórico en el que concluyó formalmente que no resulta viable autorizar nuevas construcciones ni excavaciones en el entorno inmediato de Santa Catalina. El informe técnico alertó que las vibraciones de maquinaria pesada aceleran el deterioro del suelo y comprometen la integridad de este monumento nacional.

La vía libre urbanística: A contramano del peritaje técnico del máximo órgano de control patrimonial del país, la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) de la Ciudad de Buenos Aires habilitó el proyecto inmobiliario.

El aval de la Justicia porteña: El conflicto alcanzó su punto más crítico cuando la Sala IV de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad revocó por unanimidad la medida cautelar que mantenía suspendida la obra. Al desestimar el amparo ambiental presentado originalmente por organizaciones civiles como Basta de Demoler, la justicia ignoró los propios informes técnicos del Estado, priorizando los plazos de la constructora por encima del resguardo de la memoria histórica.

Un llamado a la conciencia colectiva

El debate sobre la preservación de Santa Catalina de Siena trasciende los límites de la arquitectura o de la fe. Es una discusión profunda sobre qué tipo de ciudad queremos habitar y qué memoria decidimos legar.

Cuando el propio Estado —a través de sus ministerios y de su poder judicial— decide desoír a sus técnicos especializados en conservación y prefiere mirar hacia otro lado mientras un Monumento Histórico Nacional se resquebraja, el daño deja de ser un accidente de obra y se convierte en una política de amnesia colectiva.

Un pueblo que permite que sus monumentos fundacionales queden sepultados bajo la sombra de megaproyectos privados o cedan ante la desidia urbana, es un pueblo que rifa su propia identidad. La protección de este santuario colonial exige una toma de conciencia comunitaria urgente. Cuidar Santa Catalina es, en definitiva, cuidar el espejo donde se refleja nuestra historia.

El silencio de la grey católica es un justificativo más de que en Argentina, Jorge Macri sea jefe de Gobierno de la ciudad y Javier Milei sea presidente.

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